>

BLOG ACTUALIDAD - Consorcio Asesor Murcia - Su Asesoría empresarial, fiscal, laboral, contable


Asesoría , Consultoría y Urbanismo
Avda Alfonso X, 7, Murcia
SOLICITE INFORMACION
Tlf y Fax 968 34 61 41

Fiscal, Laboral, Contable, Financiero
Punto de Atención a Emprendedores
Más de 25 años de experiencia

Fiscal, Laboral, Contable, Financiero
Punto de Atención a Emprendedores
Más de 25 años de experiencia
Asesoría y consultoría
25 años experiencia
Vaya al Contenido

REAL DECRETO LEY 11/2020 Medidas para familias y colectivos vulnerables:

Consorcio Asesor Murcia - Su Asesoría empresarial, fiscal, laboral, contable
Publicado de · 2 Abril 2020
Arrendamientos

 
 
Suspensión de los lanzamientos para aquellos que estén en situación de vulnerabilidad[1] como consecuencia del COVID 19. La suspensión durará hasta que se adopten medidas por Servicios Sociales, con un máximo de 6 meses.
 
 
La suspensión se acuerda habiendo un arrendador que, a su vez, está también en situación de vulnerabilidad, se comunicará a Servicios Sociales para que no tenga en cuenta para reducir el plazo anterior.
 
 
Se amplía, a solicitud del arrendatario, el pazo de los arredramientos de vivienda habitual que venzan entre hoy y dos meses después de la finalización del estado de alarma. La ampliación será por un máximo de 6 meses.
 
 
A solicitud del arrendatario en situación de vulnerabilidad, si su casero es un gran tenedor de vivienda[2], realizada en el plazo de un mes desde el 1/4/2020, se podrá solicitar el aplazamiento de la renta, que deberá ser contestado por el arrendador en alguno de los siguientes sentidos en el plazo de 7 días laborables:
 
 
Reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de alarma, o más si fuera insuficiente atendiendo a las circunstancias, con un máximo de 4 meses.
Moratoria en el pago de la renta del periodo del estado de alarma, y prorrogable a las mensualidades siguientes, una a una, con un máximo de 4 meses. El importe no pagado se satisfará en los tres años siguientes, sin intereses.
No procederá moratoria cuando el deudor o cualquiera de la unidad familiar sea propietario o usufructuario de alguna otra vivienda (salvo que sea una parte o no la tenga disponible por causa ajena a su voluntad).
         
 
Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones:
 
 
Si es desempleado, mediante certificado del SEPE
En caso de cese de actividad de autónomo, mediante certificado de AEAT.
Las personas que forman la unidad familiar, mediante libro de familia, certificado de empadronamiento (6 meses anteriores) y declaración de discapacidad, en su caso.
La titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad.
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos.
                 
 
Si no pudiera acreditar alguno de los documentos, bastará declaración responsable. Aportará el documento hasta en un mes tras la finalización del estado de alarma.
 
 
Si el arrendador no fuera gran tenedor de vivienda, el arrendatario podrá solicitar aplazamiento o condonación, debiendo el arrendador comunicar en 7 días laborables las condiciones del mismo. Si no aceptara acuerdo el arrendador, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas transitorias a la financiación, que consisten en la obtención de un préstamo bancario, con aval del Estado, con plazo de devolución hasta 6 años, prorrogables.
Se desarrollará un programa de ayudas específico para el alquiler de la vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con cuantía de hasta 900 euros/mes y hasta el 100% de la renta (o del 100% de la cuota del préstamo con el que ha satisfecho el pago de la renta señalado en el apartado anterior).

     

 
Hipotecas
 
 
Quien pretenda acceder a la moratoria de la hipoteca (ver circular relativa al RD ley 8/2020) debe estar en situación de vulnerabilidad, cumpliendo los siguientes requisitos:
 
 
Desempleados o empresarios que hayan reducido su facturación en más de un 40%;
 
 
Que la suma de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM (si hay hijos y discapacitados, más);
 
 
Que el total de las cuotas hipotecarias de vivienda habitual, local afecto a actividad económica y viviendas no habituales que no estén pagando alquiler por causa del Covid 19, más gastos y suministros básicos de la vivienda habitual (luz, agua, gas, gasoil de calefacción, telecomunicaciones y comunidad de propietarios) sea igual o mayor al 35% de los ingresos.
 
 
Que a consecuencia del COVID, la suma de las cuotas de los préstamos del apartado anterior, sobre la renta familiar, se haya multiplicado por 1,3 o más.
 
 
Forma de acreditarlo:
 
 
Si es desempleado, mediante certificado del SEPE
En caso de cese de actividad de autónomo, mediante certificado de AEAT.
Las personas que forman la unidad familiar, mediante libro de familia, certificado de empadronamiento (6 meses anteriores) y declaración de discapacidad, en su caso.
La titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad; escrituras de compraventa y de concesión de préstamos con garantía hipotecaria, si se solicita moratoria.
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos.
                 
 


Será aplicable, a efectos del RD ley 8/2020, los de vivienda habitual, inmueble afecto a actividad económica y las viviendas en alquiler que hayan dejado de pagarlo tras la entrada en vigor del estado de alarma.


 
 
 
Préstamos sin garantía hipotecaria
 
 
Quien pretenda acceder a la moratoria de los préstamos sin garantía hipotecaria debe estar en situación de vulnerabilidad, cumpliendo los siguientes requisitos (más que con las hipotecas):
 
 
Desempleados o empresarios que hayan reducido su facturación en más de un 40%;
 
 
Que la suma de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM (si hay hijos y discapacitados, más);
 
 
Que el total de las cuotas hipotecarias de vivienda habitual, local afecto a actividad económica y viviendas no habituales que no estén pagando alquiler por causa del Covid 19, más gastos y suministros básicos de la vivienda habitual (luz, agua, gas, gasoil de calefacción, telecomunicaciones y comunidad de propietarios) sea igual o mayor al 35% de los ingresos.
 
 
Que a consecuencia del COVID, la suma de las cuotas de los préstamos del apartado anterior, sobre la renta familiar, se haya multiplicado por 1,3 o más.
 
 
Si se es beneficiario de la moratoria del RD ley 8/2020, no se tendrá en cuenta su aplicación respecto a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
 
 
Si el beneficiario no tuviera hipoteca, pero sí pago periódico (alquiler de vivienda habitual, préstamos de bancos,..), se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma de estos importes, incluyendo la renta aunque sea objeto de moratoria.
 
 
La forma de acreditarlo es igual que para las hipotecas, añadiendo los contratos de préstamo no hipotecarios.
 
 
Se aplicará también a fiadores o avalistas, que además podrán exigir al acreedor que agote los bienes del deudor antes de dirigirse contra ellos (aunque se hubiera renunciado al beneficio de excusión).
 
 
Para obtener la suspensión hay que solicitarla hasta 1 mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, acompañando la documentación acreditativa antes señalada.
 
 
Solicitada, el acreedor debe suspenderlo automáticamente.
 
 
La duración de la suspensión será por 3 meses (ampliable por el Consejo de Ministros)
 
 
Efectos de la suspensión:
 
 
El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota
No se devengarán intereses
El vencimiento se ampliará por el periodo que dure la moratoria.
         
 

Mientras dure el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía, petróleo, gas natural y agua a los consumidores en su vivienda habitual (salvo por seguridad del suministro). Tampoco contará el plazo de pago de esos suministros en caso de requerimiento para ello, hasta el levantamiento del estado de alarma.
 

 

   
 
[1] En desempleo, en ERTE, con reducción de jornada por motivo de cuidados. Si es empresario o esté en otro caso con pérdida sustancial de ingresos, no se alcance en el mes anterior 3 veces el IPREM (ampliable por hijos o discapacitados).
 
 
 
 
[2] Empresa o entidad pública de vivienda, persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas o locales, con superficie construida de más de 1500 m2.
 
 


Regreso al contenido